La política de los datos sí importa, determina la forma en que podremos o no vivir en un espacio más libre en un futuro próximo
La semana pasada nos convocaron a conversar en la Escuela de Activistas de la organización Ingeniería Sin Fronteras Euskadi. De esa plática sobre Vulneración de derechos digitales en un estado de alarma global salieron varias reflexiones que trascendían los propios derechos digitales a la vez de permanecer vinculados a ellos.
Controlar la pandemia ha propuesto como solución de ¿corto plazo? la ‘necesidad’ de ceder derechos y libertades, en particular la privacidad, libertad de expresión y de reunión, a cambio de estar ‘a salvo’.
Los gobiernos de todo el mundo corrieron [más o menos rápido, según el caso] a buscar en la tecnología una aliada que permita ayudar en esa detención ‘de la pandemia’. Tal y como están diseñadas esas nuevas tecnologías lo que están controlando es a su ciudadanía. Aquí un listado de las aplicaciones de seguimiento por Coronavirus en mundo.
Se está manejando la crisis desde la amenaza. Estar aisladas en casa la mayor cantidad de tiempo posible es la única medida posible, al parecer. Estamos en soledad y con miedo. La narrativa de la crisis profundiza psicológicamente la idea de que estar con otras personas es peligroso, el/la vecina como enemiga, apoyando la ruptura del ya debilitado tejido social en el que estamos sumergidos desde hace décadas.
En el segundo episodio de System Update, el periodista Glenn Greenwald se centra en las ramificaciones no-exploradas de las decisiones políticas que tomamos de forma masiva para responder a la crisis. Brinda un panorama 360° sobre la crisis al tratar el tema de los derechos digitales, las afectaciones sociales, culturales, políticas y psicológicas de la misma y cómo lo que comemos [la industrialización de la ganadería y la agricultura extensiva] influyen en la propagación de epidemias.
Además, resuena una reflexión histórica en nuestras cabezas. Las acciones tomadas tras el 11S nos demuestran que los poderes extraordinarios y ‘temporales’ otorgados para ‘controlar’ la crisis no han dejado de existir casi 20 años después. ¿Vivimos entonces en un estado permanente de alarma global? Dice Gleenwald, ‘seamos realistas, reconozcamos que esos poderes, incluso si realmente queremos que sean temporales es altamente probable que no lo sean’. Por eso las decisiones que tomamos sobre cómo afrontar los riesgos de hoy tendrán repercusiones en el futuro. Lo que aceptemos como normal ahora, puede ser la norma de ahora en adelante.
En ese sentido, ¿puede la tecnología tener un rol protagónico y de apoyo al control de expansión de la pandemia respetando derechos y libertades? Sí puede. Es una decisión política no hacerlo.
Las tecnologías condensas siglos de conocimiento en técnica, matemática, ingeniería, física, electrónica, lingüística, relaciones humanas, laborales, naturales. El brillo de los aparatitos [y las patentes] invisibilizan el cúmulo de conocimiento allí alojado. Esas relaciones entre ciencia y política pueden ser desarrolladas de una forma o de otras. Para la vigilancia y el control [que es el camino actual que adoptaron gobiernos y corporaciones] o para el beneficio social [que es el camino propuesto por diversos espacios de sociedad civil].
¿Cómo es posible crear tecnologías que tomen la privacidad por diseño en el desarrollo de las tecnologías de seguimiento? Desde el Caos Computer Club compartieron un decálogo para evaluar las aplicaciones de seguimiento basado en la voluntariedad en la entrega de datos, anonimato de los mismos, transparencia, descentralización, economía de datos [extraer solo los necesarios]. Mientras tanto, Xnet compartió un artículo en el que, además de hacer hincapié en la apertura del código y la transparencia enfoca en la posibilidad no explorada por gobiernos de la cooperación ciudadana y el big data para el bien común. Ese último concepto, tan dialogado en las comunidades de derechos digitales, tiene una oportunidad histórica para ser ejercido. Hacer «un uso de los datos masivos de la población siempre que sean anonimizados y abiertos para que no solo gobiernos y corporaciones, sino también la ciudadanía puedan usarlos, no solo es positivo, sino que es el futuro. El big data debe estar supeditado a reglas democráticas: debe ser un bien común al servicio de la ciencia e innovación ciudadanas y no un bien privativo de gobiernos y corporaciones».
¿Entonces sí pueden congeniarse salud pública y derechos digitales? En las últimas semanas encontramos comunidades tecnológicas en defensa de la privacidad y la criptografía trabajando ‘con un espíritu de colaboración radical’ en protocolos basados en este principio: «es de vital importancia evitar la creación de una nueva infraestructura de vigilancia que dé más poder a las mismas instituciones cuyos fallos contribuyeron a la crisis». Los dos protocolos que están posicionándose respecto al tema son el TCN/CEN impulsado por la fundación estadunidense Zcash, Co-Epi y Covid-Watch; el otro es llamado protocolo DP3-T y está siendo trabajado por investigadores de ocho universidades europeas.
Ambos protocolos son muy similares en su diseño y proponen tres fases para el rastreo del virus: emisión, informe y escaneo. Se propicia el rastreo descentralizado de los contactos mediante transmisiones por Bluetooth de los dispositivos móviles de los usuarios que no revelan información sobre la identidad o el historial de ubicación de las personas usuarias. Luego, si esas personas desarrollan síntomas o dan positivo en un testeo, pueden enviar un informe subiendo un paquete con ciertos datos a un servidor. Unas terceras personas supervisan los datos publicados por el servidor, quien avisa a los dispositivos que hayan estado en contacto con ese dispositivo sobre la situación de salud. Algo así como “has estado en contacto con una persona que dio COVID-19 positivo”, sin decir quién o dónde. Si lo que necesitamos es rastrear el patrón de movimiento del virus, no necesitamos rastrear el de las personas.
Se publicó un artículo que compara ambos protocolos en un ‘esfuerzo por lograr que ambos protocolos se unan en un estándar común’. Detalla las características de ambos sobre cómo responden a las cualidades deseables: servidores respetuosos de la privacidad, integridad de la fuente y la difusión [enviar informes solo a los dispositivos con los que se ha estado en contacto y no masivamente], sin seguimientos automáticos, privacidad del receptor y del emisor [ninguna de las dos partes tiene la posibilidad de revelar información diferente a la que pudiera ser útil para combatir la pandemia].
En pocas semanas se avanzó veloz en protocolos de rastreo de contactos descentralizados y con preservación de la privacidad. Aún es necesario atender a ciertos aspectos que garanticen esa privacidad en todos sus tramos y sin embargo se hace esperanzador que el trabajo colaborativo dé como resultado tangible la posibilidad de aplicaciones de rastreo seguro que sirvan a los momentos actuales sentando precedentes positivos sobre la posibilidad de una tecnología de no-vigilancia.
Este palabrerío está explicado de forma amena en una historieta realizada por Nick Case y traducida por Vanesa Sánchez Cortés al castellano que encontrarán completa al final de la entrada.
Mientras tanto, ¿sería posible para los gobiernos latinoamericanos adoptar estas tecnologías? Conocimiento hay. Grupos de personas que desarrollan tecnología localmente también. Y, como bien han demostrado hasta ahora, ciertos recursos para invertir en ello, también. ¿Por qué entonces no pensar que el dinero público puede ser invertido en grupos locales y/o no-corporativos que sustentan valores democráticos al intentar refrenar la pandemia?
En resumen, es tecnológicamente posible desarrollar protocolos transparentes; proporcionales [que obtengan datos centrados en el seguimiento al virus, no a las personas]; de código abierto, libre y descentralizado; manteniendo la privacidad y anonimato de las personas y que se desarrolle de manera transdisciplinar, colaborativa, para que tome en consideración recabar solo los parámetros científicamente necesarios durante la crisis sanitaria.
La política de los datos sí importa, determina la forma en que podremos o no vivir en un espacio más libre en un futuro próximo. Esfuerzos académicos, civiles y hackers demuestran ‘con datos duros’ que respetar nuestras libertades es posible si hay una decisión política de fondo. ¿Gobiernos y corporaciones escucharán? Como quiera que sea, desde los espacios sociales tenemos a la mano argumentos sólidos que nos permiten movernos del ‘no hay nada que podamos hacer’. Podemos, como mínimo, informarnos sobre las opciones y exigir[nos] actuar en favor de una tecnología que nos permita ampliar nuestras libertades colectivas.
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