En diciembre de 2018 la compañía de telecomunicaciones Entel se adjudicó la licitación para implementar el sistema de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas. Según información preliminar, la empresa además subcontrató los servicios de dos firmas extranjeras.
El 21 de diciembre de 2018 el Estado Mayor Conjunto (Emco), organización dependiente del Ministerio de Defensa que agrupa a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, adjudicó a la empresa de telecomunicaciones Entel por seis millones de dólares el desarrollo de la primera etapa del Proyecto Marciano, iniciativa que busca implementar un sistema de ciberdefensa para el área de Defensa Nacional. Esta información fue revelada en septiembre de 2019.
Tanto la licitación como el desarrollo de este proyecto son de carácter secreto. En este contexto, investigaciones extras han arrojado un nuevo antecedente: para la implementación de esta primera etapa del Proyecto Marciano, Entel habría subcontratado a FireEye y BLER Security, empresas privadas de seguridad de Estados Unidos e Israel, respectivamente.
FireEye
De la compañía estadounidense se requirió su producto inSIGHT Threat Intelligence, el cual alerta al usuario de las amenazas para su seguridad, ya sean de ciberespionaje, delitos cibernéticos y hacktivismo, sea en la red oficial, que usamos la mayoría de las personas, o en la llamada “dark web”, un reducto reservado por especialistas informáticos, hackers y agentes de ciberseguridad de distintos estados.
En su página web, FireEye comenta que el servicio cuenta con “más de 150 investigadores y analistas de inteligencia en más de 20 países vigilando nuevos ataques y tecnologías, y las motivaciones detrás de estos”. Además, cerca de 300 analistas recopilan información obtenida de las víctimas de ataques para que sirvan de insumo para quienes utilicen la plataforma. Junto con esto, FireEye recopila inteligencia artificial de más de 16 millones de sensores mecánicos y plataformas de recolección de inteligencia.
FireEye es una compañía fundada en 2004 en el estado de California. Su director ejecutivo es Kevin Mandia, quien en el pasado fue oficial de seguridad informática en el Séptimo Grupo de Comunicaciones del Pentágono y agente especial de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea.
La empresa ha obtenido varias distinciones. Por ejemplo, en 2019 ganó el título a la mejor compañía de ciberseguridad de Norteamérica, galardón entregado por la comunidad en línea Cybersecurity Insiders.
Como dato anecdótico, en 2014 el ex director ejecutivo de FireEye, David de Walt, declaró al Financial Times que la compañía se vio altamente beneficiada en lo económico con las múltiples revelaciones hechas por el ex agente de inteligencia estadounidense, Edward Snowden, respecto del espionaje del gobierno a distintas personas, gobiernos y empresas en el mundo.
BLER Security
En tanto, el servicio entregado por la empresa israelí para el proyecto de ciberdefensa que realiza Entel, lleva por nombre Target Profiler SAAS Services.
Según menciona la compañía este servicio ”es un sistema que recopila información sobre el sospechoso objetivo de las redes sociales y aplicaciones web, generando un perfil objetivo preciso a partir de información básica”.
Su funcionamiento permite al usuario realizar búsquedas resguardando el anonimato e ir perfilando al investigado y sus movimientos, para de esta forma ir determinando posibles amenazas. En este caso, el Estado Mayor Conjunto necesitaría tan solo el número telefónico de una persona para que el servicio de BLER Security rastree los movimientos en redes sociales del objetivo, incluyendo lugares como la Dark Web.
BLER Security es una compañía de cerca de 30 empleados fundada en 2014, que funciona con capitales de la empresa de Defensa Avnon Group. La marca que ahora prestará servicios para el Estado Mayor Conjunto en Chile, además tiene como cliente a la policía de Israel.
Los dueños son Efim Lerne y Uri Boros, este último, ex oficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Israel.
Un proyecto polémico
La implementación del Proyecto Marciano comenzó con un conflicto judicial con la empresa Pegasus, que participó en la licitación y acusó al Estado Mayor Conjunto de irregularidades en el proceso que habrían beneficiado a Entel. Sin embargo, esta acción de la compañía no ha prosperado en tribunales.
Uno de los puntos más llamativos de la contratación de Entel es el nexo de esta empresa con el sector de Defensa en Perú, hechos que revelados en septiembre de 2019, y que dieron cuenta de que la empresa de telecomunicaciones en 2019 suscribió contratos con distintos organismos uniformados del país vecino por cerca de 1,3 millones de dólares.
En relación a esto último, en diciembre del año pasado El Periodista informó de los nexos de Alexis Narbona, quien participó en la licitación del Proyecto Marciano, con la filial peruana de Entel.
En relación a la contratación de los servicios de FireEye y BLER Security, un experto en sistemas dijo que el hecho de que “la solución de ciberseguridad del Estado Mayor Conjunto pasará por Entel, empresas israelíes y estadounidenses, implica que todo el mundo va a saber virtualmente sobre la ciberseguridad chilena, y esa información se venderá al mejor postor”.
Se intentó contactar a Emco para tener una confirmación oficial de la subcontratación de estos servicios, y la respuesta fue una suerte de amenaza.
“El Proyecto Marciano consiste en un sistema de Ciberdefensa que integra redes computacionales, cuyo propósito es crear enlaces de colaboración entre los organismos de las FF.AA., apoyando en la gestión y solución de incidentes informáticos, que puedan afectar a las redes institucionales de la Defensa Nacional. El desarrollo, equipamiento y alcances del Proyecto Marciano están clasificados como secretos, por lo que entregar o difundir información acerca de él, podría constituir un delito contra la Seguridad Nacional, por lo que el Estado Mayor Conjunto se reserva el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes, acorde a las materias clasificadas que se publiquen”.
Representantes de Entel declinaron referirse al tema, argumentando que el contrato con las Fuerzas Armadas los somete a confidencialidad.