En Chile, 15 millones de personas tenían derecho a voto en el reciente Plebiscito que inicia el Proceso Constituyente para elaborar una Nueva Constitución. Sólo votaron 7,5 millones de personas (50,7%) de las cuales 5,4 millones optaron por el “Apruebo” al inicio de este proceso, esto es, EL 36,5% DEL UNIVERSO ELECTORAL. La Abstención, es decir, los que se negaron a participar en este proceso oscuro, alcanzó 7,3 millones de personas, es decir, el 49,3% del universo electoral.
Chile se encuentra en el inicio de un llamado “Proceso Constituyente” que, en el discurso oficial y en el de la Oposición Política formal, se presenta como el camino que llevará a la generación de una Nueva Carta Fundamental de la República de Chile o “Constitución Política”, que reemplazaría a la Constitución vigente promulgada por la Dictadura Militar de Augusto Pinochet en 1980, también plebiscitada bajo Estado de Excepción (es decir, con la población chilena bajo mando militar) y reformada múltiples veces con el fin de fortalecerla para una mejor protección del Modelo Económico Capitalista Neo-liberal que la dictadura implementó en 1978.
La Constitución de 1980 fue, en esencia, el blindaje político que requería tal Modelo Económico y que ha permanecido intacto hasta hoy. Para cambiar ese Modelo se requiere, en consecuencia, de una nueva Constitución.
Pero el Proceso Constituyente que se inició el pasado 25 de octubre en Chile con un publicitado Plebiscito no es sino que la última Reforma introducida a esa Constitución dictatorial precisamente para mantener el blindaje del Modelo Neo-liberal. Es decir, este Plebiscito del 25 de octubre se enmarcó dentro de la institucionalidad política heredada por la Dictadura de Pinochet, es parte de esa institucionalidad y no es sino la salida política que encontraron el actual Gobierno y la Clase Política para mantenerla, pues, en los hechos, en Chile NO HAY OPOSICIÓN, sino una “Clase” o “Casta” políticaparlamentaria que ocupa ese calificativo, pero sin demostrarlo ni ejercerlo.
Los resultados de ese proceso, entonces, son previsibles si se mantiene la agenda del Gobierno actual del Presidente Piñera y de la TOTALIDAD de los Partidos Políticos (Clase Política) más aún cuando este plebiscito recién celebrado, inicia un “Proceso Constituyente” que está normado por una Ley especial promulgada en diciembre de 2019 (y votada favorablemente por casi la unanimidad del Parlamento chileno) que señala, explícitamente, qué temas se pueden o no se pueden abordar dentro del desarrollo del Proceso Constituyente; cómo se deben o no se deben votar e incluso quiénes pueden votar.
TODO estaba ya normado desde nueve meses ANTES de que se desarrollara el Plebiscito en comento. Ciertamente, desde la segunda semana del Estallido Social los medios masivos de comunicación se pusieron al servicio de las informaciones que el Gobierno de Piñera quería o no quería difundir y la campaña internacional que han levantado ahora, pos-plebiscito, es parte de la desinformación oficial: los resultados del evento celebrado el 25 de octubre recién pasado distan grandemente del “exitismo” que exhiben el Gobierno de Piñera y la Clase Política, pues la mitad del universo electoral, a pesar de las “promociones” para que la gente asistiera a votar, NO LO HIZO y el abstencionismo típico de los jóvenes fue reemplazado, ahora, por la gente adulta, que no fue seducida por un proceso turbio desde su inicio, como demostraremos a continuación.
LOS HECHOS…Los porfiados hechos.
La explosión social iniciada el 18 de octubre de 2019 en Santiago de Chile, la capital del país, fue una respuesta sin conducción ni orientación a una serie de abusos que se cometían desde el fin de la Dictadura Militar e inicio del periodo “democrático”, en 1990. No habían organizaciones ni coordinación de organizaciones detrás de las movilizaciones: había IRA.
Las primeras manifestaciones estudiantiles por un alza de $ 30 (treinta pesos chilenos) en el valor del pasaje del tren subterráneo que cruza Santiago (el “Metro”) se extendieron a todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, bajo la consigna “NO SON 30 PESOS…. SON 30 AÑOS”, reflejando con ello la decepción de un pueblo que había visto cómo los reemplazantes de la Dictadura se negaban a reemplazar, sin embargo, la institucionalidad dictatorial y en especial, se negaban a reemplazar el modelo económico de desangramiento de los recursos naturales del país, de sus empresas públicas, de sus servicios básicos, carreteras, puertos, aeropuertos y hasta los peces y el mar, todo ello privatizado por los que habían reemplazado “a la Dictadura”, pero conservaron el Modelo Económico de robo y saqueo a los bienes de todos los chilenos.
Bajo esa consigna, las movilizaciones sociales pusieron en jaque a toda la Clase Política y a la Institucionalidad, puesto que las demandas básicas del Chile Movilizado fueron simples y claras: RENUNCIA DEL PRESIDENTE PIÑERA y ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
Ninguna de estas demandas está presente en el Proceso Constituyente organizado por el Gobierno y la Clase Política parlamentaria e iniciado en el Plebiscito recién celebrado.
El carácter “a-político” de la explosión social, sin un plan de acción ni una estrategia que implementara, siquiera, esas demandas básicas, le dio tiempo al Gobierno del Presidente Piñera para mover todo el aparataje político y comunicacional en defensa de la institucionalidad que blinda al Modelo Económico heredado de la Dictadura.
Para ello, Piñera siempre contó, desde el inicio del estallido, con el respaldo de la Clase Política que también veía peligrar sus privilegios (el Parlamento chileno tiene dietas parlamentarias de $20 millones de pesos chilenos mensuales, sumando la dieta base, las regalías y… las horas extras, mientras el sueldo mínimo legal, que aprueba ese mismo Parlamento, apenas supera los $ 300 mil pesos chilenos mensuales… sin horas extras. Es decir, 70 VECES MENOS.
Las organizaciones sociales más entrevistadas por los medios de desinformación masiva (más entrevistadas, pero sin representación de bases) también se pusieron al servicio de este plan de salvataje de la institucionalidad dictatorial y de un Gobierno que no superaba el 7% de aceptación popular y de un Parlamento que ni siquiera llegaba al 5% de aceptación popular.
En efecto, bajo la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) una multisindical que funciona como una ONG financiada por el Estado, las llamadas Organizaciones Sociales, como Colegios Profesionales, activistas por cambios en el sistema de pensiones, organizaciones feministas como 8M e inicialmente los estudiantes secundarios que iniciaron las movilizaciones, todas ellas reunidas bajo el pomposo título de “Mesa de Unidad Social”, convocaron a un Paro Nacional DE ONCE MINUTOS (11 minutos) para el día 11 de marzo de 2020, como acto de protesta contra el Gobierno de Piñera.
La CUT está presidida por una militante del Partido Comunista de Chile. Las demás organizaciones también están presididas por militantes de Partidos Políticos ya en ese instante absolutamente desacreditados.
El “Paro” comentado, CONVOCADO CINCO MESES DESPUÉS DE INICIADO EL ESTALLIDO, fue la única acción de “resistencia” de las llamadas Organizaciones Sociales, alejadas del todo de una representación popular real y todas ellas ajenas al interés y necesidades colectivos.
La Mesa de Unidad Social operó siempre en el boicot a las asambleas ciudadanas autoconvocadas que buscaban la Asamblea Constituyente como salida política al conflicto social, lo que fue denunciado por los estudiantes secundarios al retirarse de esta coordinación funcional al Gobierno de Piñera antes del comentado “Paro”.
Sin embargo, la mayor intervención del Gobierno y probablemente del empresariado nacional y transnacional en el salvataje a la institucionalidad de la Dictadura Militar que blinda el Modelo Económico que les favorece de sobremanera, se presentó precisamente en los órganos más cuestionados y desprestigiados del Estado: el Parlamento y los Partidos Políticos.
La “Cocina”
El 11 de noviembre de 2019, antes de que se cumpliera el primer mes desde el inicio del Estallido Social, los Partidos Políticos de Oposición firmaron un Acuerdo donde rechazaban la oferta del Gobierno de Piñera de establecer un “Congreso Constituyente” para la elaboración de una nueva Constitución Política y como salida para la situación de crisis que se manifestaba a lo largo del país. Los partidos políticos de “Oposición”, sin excepción, señalaron públicamente que el mecanismo debía ser LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
Señalaban, en el rechazo común a la propuesta del Gobierno, lo siguiente:
“… La propuesta de un Congreso Constituyente por parte del gobierno se aleja de la demanda popular por participación y deliberación en la importante tarea a la que nos enfrentamos. Tanto para la opinión pública, como para expertos y organizaciones de la sociedad civil, la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorgue plena legitimidad al proceso”.
Sólo 90 HORAS después, los mismos Partidos “de Oposición” más los partidos políticos de la Derecha afines al Gobierno de Piñera, firmaban otro Acuerdo donde descartaban de plano la Asamblea Constituyente.
El nuevo Acuerdo se denominó “Acuerdo por la Paz Social” y fue rebautizado como “La Cocina” por la población movilizada, que no participó en ninguna instancia de conversación o negociación dada la cooptación de las “Organizaciones Sociales” y su propia nula capacidad de levantar organizaciones libres de la intervención de la Clase Política.
En el Nuevo Acuerdo (“La Cocina”) firmado en la madrugada del 15 de noviembre de 2019, no sólo se descartaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente que automáticamente hubiera desactivado al Parlamento (es decir, a “los cocineros”) sino que se establecía un mecanismo “Constituyente” que incluía un Reglamento de cómo debía funcionar este proceso: la Ley 21.200.
La Ley 21.200
Esta Ley no es sino una reforma a la Constitución de Pinochet y establece el mecanismo de operación y de deliberación del proceso Constituyente acordado entre el Gobierno de Piñera y la Clase Política y fue presentada de la siguiente manera:
“PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE Ley 21.200: Promulgada el 23 de diciembre de 2019 Publicación de la Ley N° 21.200: Autoriza plebiscito para Nueva Constitución Ley de Reforma Constitucional publicada el 24 de diciembre de 2019, y promulgada por el Presidente Sebastián Piñera del 23 de diciembre del mismo año, cuyo origen se encuentra en 7 proyectos de ley refundidos, destinados a implementar las propuestas de la Mesa Técnica que posibilitan un procedimiento encaminado a un nuevo texto de Carta Fundamental. La presente ley modifica el Capítulo XV de la Constitución Política, sobre Reforma de la Constitución, establecida en el Decreto N° 100 de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con el propósito de establecer un procedimiento para elaborar una nueva Constitución Política de la República”.
Tal como lo denunciaron decenas de organizaciones civiles territoriales, académicos y especialistas en Derecho, la Ley 21.200 es una ley que no sólo puso al Plebiscito recientemente celebrado (y todos los procesos posteriores a este) DENTRO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA DICTADURA DE PINOCHET, sino que principalmente busca dejar INTACTO el Modelo Económico Capitalista Neo-liberal, puesto que expresamente señala, en sus artículos 135º y 136º, que LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) FIRMADOS POR CHILE NO SE PUEDEN DEROGAR NI SER RECLAMADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Los TLC firmados por Chile (cerca de un centenar, con países y bloques de países) tienen rango constitucional en nuestro país, a diferencia, por ejemplo, del Convenio 169 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, que no lo tiene. En consecuencia, la Nueva Constitución que se escribirá en este proceso inserto en la institucionalidad de la Dictadura, ya tiene, al menos, 100 Artículos previamente escritos: los TLC firmados por Chile.
En consecuencia, el “Proceso Constituyente” iniciado el pasado 25 de octubre no es sino el blindaje al Modelo Económico impuesto por la Dictadura y por extensión, el blindaje a la Constitución de Pinochet.
Los “voceros” e “intelectuales” afines principalmente a lo que fuera el bloque político opositor a Pinochet, la Concertación de Partidos por la Democracia, más el Partido Comunista y el nuevo bloque llamado Frente Amplio, se lanzaron a la tarea de convencer a las chilenas y chilenos de que la “Convención Constituyente” que se aprobó en el Plebiscito recién celebrado es similar a una “Asamblea Constituyente” y que, además, la Ley 21.200 puede ser reformada o derogada en el seno de esta “Convención”, ocultando que en esta Ley el quórum de votación que da derecho a veto es sólo de un tercio más uno de los votos de los “constituyentes”, los que serán elegidos, además, en abril de 2021 mediante elecciones basadas en el sistema actual de elecciones y partidos políticos, donde estos últimos podrán nombrar a los “independientes” que los representarán en estas elecciones.
Pero ocultan, principalmente, que el Modelo Neo-liberal es INTOCABLE porque los TLC que lo sostienen lo son, lo que demuestra el compromiso absoluto de la Clase Política con el Modelo Económico de la Dictadura y con todo aquello que lo defienda, como lo fueron las leyes represivas posteriores a este “Acuerdo por la Paz” que también se aprobaron en el Parlamento Chileno. Entre ellas, la llamada “Ley Anti-capucha” que terminó por criminalizar a toda la protesta social.
La periodista Camila Vergara, del Centro de Investigación Periodística (CIPER-Chile) escribió en diciembre de 2019 sobre esta Ley “Anti-capucha”:
…La agenda para asegurar la protección del orden neoliberal imperante está incorporando leyes de corte fascista para disuadir futuros levantamientos populares y tener las herramientas legales para legitimar su brutal represión. El último proyecto de ley enviado por el Presidente (“para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería de Chile”) —que pretende eximir de responsabilidad penal a los agentes del orden público cuando actúen en defensa propia— es particularmente revelador de esta tendencia fascista. De aprobarse, la policía podría reprimir violentamente una protesta pacífica, como lo hace regularmente, esperar a que los manifestantes se defiendan y luego disparar a matar con impunidad en defensa propia, vulnerando las libertades individuales y el debido proceso.
Además de esta Ley “Anti-capucha” se han aprobado, aún antes del Plebiscito que se comenta, otras leyes represivas, como la “Ley Anti-saqueo”, que vienen a reforzar el Estado Represivo que se pretende en Chile para evitar nuevas explosiones sociales.
“Y sin embargo, se mueve” (Galileo Galilei)
A pesar del dominio absoluto sobre los medios de comunicación de masas y de que los objetores de este proceso no tuvieron espacio alguno en la propaganda de promoción de un proceso originado en algo aún desconocido que ocurrió entre el 11 de noviembre y la madrugada del 15 de noviembre del 2019, que torció el camino hacia la Asamblea Constituyente que la misma Clase Política ya se había resignado a seguir, el éxito de este “proceso constituyente” está lejos de estar asegurado.
En efecto, las cifras oficiales del Plebiscito recién celebrado indican que LA MITAD DEL UNIVERSO ELECTORAL de casi 15 millones de personas, NO PARTICIPÓ EN EL EVENTO ORGANIZADO POR PIÑERA Y LA CLASE POLÍTICA, superando, en individuos, a la bullada cifra que dijo “APRUEBO” y que, además, contó con la mitad de la votación histórica de la Derecha Política, dado que “su” Modelo Económico no está en peligro dentro de este proceso inserto en la institucionalidad de Pinochet que, a priori, deja intactos los TLC que lo sostienen.
Las cifras oficiales entregadas por el Servicio Electoral (SERVEL) señalan que el universo electoral alcanzaba a los 14,8 millones de chilenos con derecho a voto. De ese universo, sólo se registraron 7,5 millones de votos (50,7%) de los que la opción “Apruebo” obtuvo 5,4 millones (incluidos los que le aportó la Derecha). La Abstención, en cambio, alcanzó a 7,3 millones de votos. Esto es, casi dos millones de personas más….
En síntesis, el “Apruebo” a “La Cocina” SÓLO REPRESENTA EL 36,5% DEL UNIVERSO ELECTORAL CHILENO…. La Abstención, es decir, los que se negaron a participar en este proceso oscuro, SON EL 49,3% DE ESE UNIVERSO ELECTORAL, casi de 13 puntos de diferencia.
Además del aporte de la Derecha a la votación del “Apruebo” como dato destacable, la abstención ya no correspondió mayoritariamente a los jóvenes, sino a los adultos. Mientras “la rebeldía” teóricamente acudió en masa a las urnas (y en compañía de la mitad de la Derecha) la experiencia y la sabiduría se quedaron en casa…
Así las cosas, el proceso iniciado de manera turbia el 15 de noviembre de 2019, se ha continuado en un plebiscito (o “Cocina”) donde la mitad del universo electoral no participó y que dada su composición etárea, profesional y experiencia de resistencia a la Dictadura Militar de Pinochet, puede perfectamente impedir el progreso de este mecanismo de salvataje del Modelo Económico Capitalista Neo-liberal, que no sólo ha hecho ricos a los empresarios chilenos y a las empresas transnacionales, sino también a su Clase Política.
Un cambio real a una institucionalidad dictatorial, que se pretende mantener bajo un camuflaje de “nuevo proceso”, sigue siendo posible en definitiva, en el país más Capitalista Neo-liberal del mundo. Sólo falta organizar ese cambio.